El pasado mes de octubre, en pleno puente del Pilar, apareció una sima debajo de unas viviendas situadas en la calle Ramón Alfonso. Al alarmante socabón acudieron rápidamente los técnicos y servicios municipales, bomberos de Zaragoza y la Teniente de Alcalde de ayuntamiento, donde acordaron apuntalar las viviendas, reponer inmediatamente los servicios de luz y agua para las viviendas, cerrar la calle al tráfico rodado y realojar durante una noche a los vecinos de la casa más afectada por el boquete.
Esta rápida y eficiente actuación quedó ensombrecida después, ya que han tenido que pasar varias semanas para que el Ayuntamiento tomara cartas en el asunto y mandara cerrar una sima que, por sus dimensiones, pudiera haber producido un derrumbe en las viviendas más próximas estando éstas habitadas. Más que preocuparse por saber de quién era la culpa de la formación del socabón (ayuntamiento o constructor) se debía de haber tomado esta decisión con más antelación puesto que lo que estaba en riesgo era la integridad física de las personas que allí viven y que se encontraban en indefensión por no saber a quién dirigirse. Los vecinos tuvieron que acudir a la prensa y amenazar con denunciar tanto al ayuntamiento como al constructor para sentirse más atendidos. Todo esto se podía haber evitado.
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